A principios de diciembre del 2005, el Presidente egipcio Hosni Mubarak emitió un Decreto Presidencial que alivia las severas restricciones sobre el reparar y reconstruir iglesias en Egipto. [1] En un editorial en el semanario cópto en Internet Watani, el editor Youssef Sidhom declaró que el decreto sería implementado de cierta manera que lo dejaría sin sentido alguno, y citó una carta de un gobernador egipcio que aprueba esta exigencia.
Lo siguiente son extractos del editorial que fue presentado en inglés en Watani: [2]
«Anteriores decretos presidenciales que aliviaron las restricciones en la edificación de iglesias han sido frecuentemente implantados de una manera que los vaciaron de su contenido»
«[Después de la emisión del Decreto 291], los medios de comunicación se apresuraron a alabar la jugada de [Mubarak], preguntándole a los coptos su opinión y obligándoles a expresar su gratitud. Algunos hasta llegaron a engañar al público en creer que el decreto acabó con todos los problemas de edificación de iglesias. Ellos denunciaron que el Edicto Himayouni – el cual pre-requiere un decreto presidencial para la edificación de cualquier nueva iglesia – sea abolido de una vez por todas, y que esa completa igualdad entre los egipcios referente a la edificación y restauración de los lugares de culto hayan sido logrados.
«Mientras algunos coptos adoptaron una posición pesimista y argumentaron que el decreto no ofrecía nada nuevo, Watani fue perspicaz en analizar la jugada objetivamente. Nosotros escribimos que el decreto era un buen paso adelante en el camino hacia una ley unificada para los lugares de culto y, si se implementase propiamente, podría aliviar muchas de las penalidades de la edificación de iglesias. Nosotros argumentamos que la autoridad presidencial sobre el autorizar nuevas iglesias – opuestas a las mezquitas, donde la edificación no estaba sujeta a ninguna restricción en lo absoluto – violó la igualdad entre los egipcios. Nosotros escribimos que el nuevo decreto debería ser tomado con cautela, ya que anteriores decretos presidenciales los cuales habían aliviado las restricciones en la edificación de iglesias han sido frecuentemente implementados de una forma que las vació de su contenido. Las autoridades de seguridad, escribió Watani, no deberían permitírsele interferir en el proceso, porque ellas han sido notorios en su dominación restrictiva en la edificación de iglesias».
«Fue el Decreto 291 un mero intento por darle al régimen egipcio la [apariencia] de tolerancia ante el mundo exterior?»
«Después de unas pocas semanas, nuestros miedos se materializaron. Parece ser que los aparatos ejecutivos en las municipalidades están descontentos con el decreto, y encuentran sumamente difícil dejar el poder para humillar a los coptos y controlar los asuntos de la iglesia. Antes de entrar sin embargo en los detalles del caso en cuestión, algunas preguntas ruegan respuestas. ¿Quién defiende los decretos presidenciales en contra de lo frívolo? ¿Fue el decreto 291 del 2005 un mero intento por darle al régimen egipcio un brillo en la tolerancia ante el mundo exterior? ¿Cumplió el decreto su propósito a través de la movilización de los medios de comunicación para alabar la generosidad del régimen? ¿Si las respuestas a estas preguntas son no, cómo puede explicarse la siguiente historia?
«El 16 de enero del 2006, el gerente general de la oficina del gobernador de Assiut envió la carta siguiente a los administradores locales:
‘Tenemos el honor de incluir junto a las instrucciones concernientes a la restauración y renovación de las iglesias existentes. Por favor cumplan estas regulaciones con suma precisión. Los documentos siguientes deberán ser incluidos a cualquier aplicación en este asunto:
«1. Una carta de autorización del encabezado de la secta, citando el nombre y dirección de la persona sancionada para continuar en los procedimientos.
«2. Un documento de propiedad registrado que debería ser revisado por el departamento legal en la municipalidad.
«3. Seis copias de los dibujos arquitectónicos aprobadas por un arquitecto certificado.
«4. Un mapa del sitio y su situación, aprobado por la autoridad de la encuesta.
«5. Una carta de la autoridad de antigüedades que demuestre que el edificio no está registrado entre aquéllos que son de valor histórico.
«6. La autorización del decreto presidencial a la edificación de la iglesia.
«7. Un informe de la autoridad local constructora que indica el trabajo requerido.
«8. Una revisión del dibujo arquitectónico de acuerdo con la ley organizando y regulando la edificación.
«9. La fecha en que los documentos fueron entregados en nuestra oficina después de haber sido revisados completamente es la fecha de la verdadera entrega de la aplicación'».
«La carta del [gobernador] implica una cantidad de violaciones al Decreto Presidencial 291»
«La carta implica una organización de violaciones al decreto presidencial 291 del 2005. Primero y principal, el decreto autoriza a que los gobernadores aprueben el demoler y la reconstrucción de las iglesias existentes, y estipula que las restauraciones y renovaciones puedan ser dirigidas bajo la aprobación de las autoridades locales de edificación. Los gobernadores por consiguiente no tienen en lo absoluto ningún papel en este asunto. Yo no creo que estos hechos fueron ignorados accidentalmente. Más bien, asumo que el descuido fue deliberado, porque aquéllos que están bien familiarizados con la reconstrucción comprenden que los periódicos citaron en la carta referente a la demolición y reconstrucción de iglesias en lugar de restaurarlas y renovarlas. No debería ser comprensible ni aceptable confundir los dos asuntos.
«Además, la instrucción de adjuntar el decreto presidencial el cual había autorizado originalmente la construcción de la iglesia significa un intento siniestro, ya que una aplicación para demoler, reconstruir, o restaurar una edificación debe implicar implícitamente que el edificio ya está ahí. Esto nos regresa al hecho de que muchas iglesias existentes fueron originalmente construidas sin licencia, debido a la dificultad – en muchos casos la imposibilidad – de obtener licencias para nuevas iglesias. Las autoridades luego aceptaron la existencia de estas iglesias como fait accompli, colocaron policías para protegerlas, y disfrutaron el llevar a su congregación a la total indignidad controlando y bromeando con el destino de sus lugares de culto. Sin embargo, cuando llega la hora de renovar o restaurar estas iglesias sin, las autoridades actúan como si estas iglesias nunca existieron. Algunas de estas iglesias han estado allí durante unos sesenta años cuando Egipto era una monarquía; ¿Se les exige a los oficiales de la iglesia producir el verdadero decreto el cual autorizó el edificio?
«Aquéllos que exaltan la tolerancia y la generosidad del decreto presidencial 291 del 2005 deberían levantarse para defenderlo. Deberían decirles a los gobernadores y oficiales que parecen incapaces de comprender su significado: ‘No les da vergüenza'».
[1] Al-Akhbar (Egipto), 8 de diciembre, 2005.
