La Autoridad Palestina planea reinstaurar las ejecuciones

Introducción

Desde que la Autoridad Palestina fue establecida, decenas de ciudadanos han sido encontrados culpable de traición por sus tribunales civiles, militares y de seguridad del estado. Las ofensas incluyeron el pasar información a países extranjeros, asesinatos y violaciones. Muchos de los civiles palestinos culpables han sido sentenciados a muerte por fusilamiento. [1] Sin embargo, hasta la fecha sólo algunas de estas penas de muerte han sido en realidad llevado a cabo.

«De acuerdo a la Ley Fundamental Palestina, la cual sirve como constitución interina Palestina, «la pena de muerte no será llevada a cabo por ninguna corte excepto después de haber sido aprobada por el presidente de la Autoridad Nacional Palestina». [2] Durante su mandato, el anterior Presidente de la AP Yasser Arafat aprobó un número pequeño de ejecuciones; ahora, los casos de aquellos condenados a muerte esperan por la aprobación del Presidente de la AP Mahmoud Abbas ( Abu Mazen ). [3]

Aprobación de ejecuciones en el contexto del programa de reformas de la Autoridad Palestina

Recientemente, varios oficiales principales palestinos anunciaron la intención de la AP de llevar a cabo las penas de muerte pendientes. El Gobernador del norte de Gaza Sakhr Bsiso anunció que Abu Mazen recientemente aprobó [el ejecútese] a varias penas de muerte. [4] Tal como el Ministro de Justicia palestino Farid al-Jallad explicó, «La Autoridad Palestina ejecutará la pena de muerte respecto a varios palestinos acusados de colaboración y de pasar información a Israel.» [5] El Director del Sistema de Justicia Militar Saeb al-Qidwa anunció incluso de que «las ejecuciones serán llevadas a cabo por los aparatos de seguridad, bajo la vigilancia de los aparatos judiciales civiles y militares.» [6]

Debe hacerse notar que el Ministro de Justicia palestino Farid al-Jallad y el Mufti de la Autoridad Palestina Ikrima al-Sabri explicaron que aquellos que fueron sentenciados a muerte, especialmente aquellos sentenciados por tribunales militares de justicia rápida y tribunales de seguridad de estado que fueron abolidos en julio del 2003, pueden dirigirse hacia el gabinete palestino para pedir un nuevo juicio. Según al-Jallad, el Ministerio de Justicia palestino ya ha recibido dos de estas peticiones. [7]

Las facciones palestinas y las familias de las víctimas de crímenes han estado presionando a la Autoridad Palestina para llevar a cabo las ejecuciones. Por ejemplo, el 5 de febrero del 2005, un grupo de unos 100 pistoleros irrumpió en una sesión del Concejo Legislativo Palestino en Gaza, expulsaron al personal de policía que estaba presente, y tomaron el edificio. Según una investigación del incidente por el Centro para los Derechos Humanos Al-Mezan, los pistoleros representaban a un grupo de familias que habían perdido a miembros familiares en incidentes violentos en la Autoridad Palestina e irrumpieron en el edificio para presionarles a que ejecutaran a los asesinos de sus parientes. Según los resultados de la investigación, el grupo se alejo del edificio después de una breve reunión entre Abu Mazen y los encabezados de las familias. [8]

La Unión de Ulamas Palestinos instó a Abu Mazen a aprobar rápidamente las ejecuciones «para prevenir el derramamiento de sangre, frenar la situación doméstica social y actuar para garantizar la seguridad y la estabilidad del régimen.» [9]

La intención de Abu Mazen para llevar a cabo las ejecuciones es percibida como un intento por hacer cumplir el gobierno de la ley en la Autoridad Palestina. Recientemente, han habido muchas incidentes de venganza de sangre en la Autoridad Palestina por las familias de las víctimas asesinadas, porque las penas de muerte no estaban siendo llevadas a cabo e incluso algunos de los delincuentes estaban en libertad en lugar de estar en prisión. [10]

Miembro de Fatah y del PLC: Las ejecuciones restauran la «atmósfera de seguridad y tranquilidad»

Oficiales antiguos palestinos notaron que las ejecuciones serían llevadas a cabo en el contexto de la aplicación de reformas en la Autoridad Palestina, y que esta medida estaba apuntada a poner fin a la anarquía y a darle un sentido de seguridad a los ciudadanos palestinos. Abbas Zaki, miembro del Comité Central de Fatah y del Concejo Legislativo Palestino, dijo que la aprobación de Abu Mazen a las ejecuciones era parte de «una larga lista de medidas a ser llevadas a cabo en el contexto del programa de reforma y crecimiento, y estaba apuntada a traer una atmósfera de seguridad y tranquilidad a la patria y a los ciudadanos, y proporcionar la protección requerida para los ciudadanos y su propiedad». Él declaró, «[El tratar con] estos asuntos no puede ser postergado… Es más, llevarlos a cabo mostrará al grado de cohesión interna y la intención sincera de todos a marchar hacia la reforma e intentar restaurar el respeto por la ley y el sistema judicial y su independencia.» [11]

El director del Sistema de Justicia Militar Saeb al-Qidwa le dijo a los periodistas en Gaza que ejecutando las penas de muerte «ayudaría a instaurar la seguridad… La anarquía de seguridad que existe hoy requiere de una solución radical.» [12]

El comentarista político Talal Awkal explicó que el movimiento de Abu Mazen para llevar a cabo las ejecuciones pendientes demuestra que es «serio [en su intención] de avanzar hacia la reforma doméstica, particularmente a nivel judicial… La meta detrás de este movimiento es fortalecer el sistema judicial, detener a aquellos quienes toman la ley en sus propias manos, y demostrar que la Autoridad [Palestina] es seria en sus medidas para restaurar el orden y poner fin a la anarquía.» [13]

Ejecuciones aprobadas después de ser acordadas por el mufti de la Autoridad Palestina

Antes de aprobar el ejecútese a las penas de muerte, Abu Mazen consultó con el Mufti de la Autoridad Palestina Jeque Ikrima al-Sabri. Según Abbas Zaki, Abu Mazen pasó los archivos de 51 hombres condenados a Sabri y a las autoridades religiosas oficiales, «instruyéndoles estudiar rápidamente los casos y decidir sobre ellos en el menor tiempo posible, ya que no es posible diferir o retardar [el tratar con] asuntos de esta clase.» [14]

Según el Director del Sistema de Justicia Militar Saeb al-Qidwa, Sabri hasta ahora ha aprobado unas 15 ejecuciones; sin embargo, una fuente cercana al Mufti le dijo a Al-Jazeera Tv de que Sabri había aprobado sólo cinco. [15] Sakhr Bsiso dijo que después de recibir la aprobación del Mufti, Abu Mazen aprobó varias ejecuciones. [16]

Ikrima Sabri le dijo al diario palestino Al-Hayat Al-Jadida de que vio que Abu Mazen le pasaba los casos a él como una reflexión de «un deseo por parte del liderazgo palestino de pedir la opinión del Sharia islámico en reforzar su posición legal, para que gente inocente no sea castigada y que se haga justicia… El Sharia islámico considera el dar muerte a un hombre [como el equivalente a] matar a la sociedad [entera], tal como se declara en el Verso [32] del Capítulo Al-Maida [Capítulo 5]: ‘Cualquiera que de muerte a un ser humano, salve como castigo por asesinato o corrupción moral en la tierra, se le considerará como el haber dado muerte a toda la humanidad; y cualquiera que salve una vida humana, será como si salvara a toda la humanidad’; y tal como Alá dijo [Corán 2:179]: «En [la ley de] la retaliación hay vida para ti.» Esto significa que Alá enfatizo que llevar a cabo la pena de muerte para un criminal que ha cometido asesinato premeditado es con el objetivo de proteger a la sociedad e impedirle a la gente descargar venganzas y tomar la ley en sus propias manos.» [17]

Las organizaciones de derechos humanos se oponen a las ejecuciones

Las organizaciones de derechos humanos palestinas se oponen a las ejecuciones, denunciando incluso de que algunos de los juicios de los que condenaron no habían sido justos en lo absoluto. El Centro Palestino para los Derechos Humanos en Gaza declaró que la pena de muerte era «uno de los castigos más horrendos, y deben tomarse acciones para abolirlo a lo largo del mundo, particularmente en Palestina, debido a que contradice el derecho a la vida… Aboliendo este castigo no significa el complacer a aquellos acusados de graves crímenes, incluyendo a los colaboradores, sino más bien debemos pensar en castigos que disuadan y al mismo tiempo conserven nuestra humanidad.» [18]

Yasser Alawna, coordinador de La Comisión Independiente Palestina para los Derechos de los Ciudadanos ( CIPDC ), la cual está localizada al norte de la Ribera Oriental, explicó: «Yo estoy personalmente en contra de ejecutar la pena de muerte, particularmente desde que documentamos que en varios casos alguien fue ejecutado y después resultó ser inocente, y el veredicto había sido pasado [sólo] para aplacar a la opinión pública local… Hacer cumplir la sentencia de [muerte] estropeará la imagen de la Autoridad [Palestina], particularmente desde que esta declaró en su Ley Fundamental de que está confinada por las leyes y normas internacionales que protegen los derechos humanos.»

Según Alawna, «debemos usar todos los procesos [legales] para asegurar un juicio limpio y justo a todos los acusados, tales como otorgarles el derecho a defensa, nombrar a sus abogados, y que [sus casos] sean presentados primero a la parte acusadora, [19] [para permitir] la supervización de su investigación, y también [para darles] el derecho de apelación. [Similarmente,] lo más importante es que sean juzgados en tribunales civiles, y no en tribunales militares…» [20]

El Director del Departamento Judicial de La Comisión Independiente Palestina para los Derechos de los Ciudadanos Hussein Abu Hanoud, explicó que igual que el resto de las organizaciones de derechos humanos, la suya está llamando a abolir la pena de muerte. Él también criticó a los tribunales de seguridad del estado los cuales, dice, «no garantizan un juicio justo a la gente que ha sido sentenciada a muerte «. [21]

El 17 de febrero, el Grupo de Supervisión de Derechos Humanos Palestinos emitió un comunicado de prensa en inglés declarando: El lunes, 14 de febrero del 2005, Sakher Bseso, gobernador de Gaza, anunció que el Presidente Mahmoud Abbas (Abu Mazen) había transferido 51 casos civiles y militares de personas que habían sido sentenciadas a muerte al Mufti (intérprete de la ley islámica) de Jerusalén, Jeque Akermah [Ikrima] Sabri. El Presidente Abbas le otorgó la responsabilidad al Jeque Akermah [Ikrima] Sabri para decidir si les ejecuta o no.

Según nuestras estadísticas, 68 palestinos han sido sentenciados a muerte desde el establecimiento de la Autoridad Palestina (AP) en 1994. De los 68 casos, la ejecución fue llevada a cabo en 6 personas y 4 otras fueron fusilados por un escuadrón palestino.

El Grupo de Supervisión de Derechos Humanos Palestinos cree que es una situación confusa que Abu Mazen todavía considere esos 51 casos como casos abiertos mientras se suponen que están cerrados. Los 68 palestinos ya fueron sentenciados a muerte en la época del anterior Presidente Yasser Arafat. El Presidente Abu Mazen nos debe una explicación por su decisión. ¿Está él rompiendo la ley Palestina que declara la pena de muerte a esos casos? ¿O piensa él que Yasser Arafat tomó una decisión injusta sentenciándolos a muerte?

Desde el establecimiento de la Autoridad Palestina en 1994, 221 palestinos fueron muertos como resultado de armas de fuego palestinas, dónde otros fueron muertos como resultado de apuñalamientos y golpes. Es más, 100 palestinos fueron muertos en la calle por ser colaboradores sospechosos. El Grupo de Supervisión de Derechos Humanos Palestinos le pregunta al Presidente Abu Mazen si tomará una posición en todos estos casos. El GSDHP exige del Presidente Abu Mazen que tome una posición seria en contra de toda la violencia que fue cometida por palestinos, para dar por cierto la seguridad y la protección entre el pueblo palestino. El futuro palestino siempre estará amenazado si una acción en contra de la violencia no se es tomada inmediatamente.» [22]

El Mufti de la Autoridad Palestina Ikrima Sabri criticó las protestas de las organizaciones de derechos humanos en contra del intento de llevar a cabo las ejecuciones, diciendo,: El silencio [o] el perdonar asesinatos llevarán al recrudecimiento, a la falta de abstención y a [actos de] venganza. Así, es impropio para la oposición de aquellos conocidos como organizaciones de derechos humanos [de llevar a cabo las ejecuciones] – particularmente en luz al hecho de que esto anima a la expansión del crimen.» Él dijo que estas asociaciones deben «dirigirse a [tratar con] los actos inhumanos llevados a cabo por la ocupación en contra de los palestinos, tales como mujeres que dan a luz en las barricadas, el arrasamiento de casas, el darle muerte a niños y a la tala indiscriminada de árboles… Dónde están los [grupos] de derechos humanos vis- à -vis con estos crímenes?» [23]

*Y. Yehoshua es Director de Investigaciones en MEMRI