El 11 de febrero, 2020 se dio a conocer la noticia sobre la voluntad del gobierno de transición de Sudán para que todos los sudaneses acusados por la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya comparezcan ante ese tribunal. La CPI ha acusado a siete sudaneses; tres de ellos comandantes del grupo rebelde en Darfur, uno de los cuales supuestamente murió en combate, uno fue absuelto y uno está en espera de juicio. Cuatro funcionarios del régimen sudanés, incluyendo al depuesto presidente Omar al-Bashir, han sido acusados y ninguno ha llegado aún a La Haya. La entrega de al-Bashir a la corte es una demanda fundamental de los grupos rebeldes sudaneses que se reúnen en Juba con el gobierno sudanés y ciertamente es aspiración de muchas de las víctimas del régimen de al-Bashir, ya sea en Darfur o en cualquier otro lugar a que este sea entregado.
Yo fui el Encargado de Negocios de la Embajada estadounidense en Jartum en marzo, 2009 cuando el Presidente Al-Bashir fue acusado por primera vez por la CPI. La atmósfera era eléctrica y extremadamente volátil, dada la relativa falta de seguridad en el edificio de la cancillería en la Embajada, ubicado para ese momento en una calle muy transitada en la capital de Sudán. Solo unos días antes, varios funcionarios clave del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (MLPS), para ese momento compartiendo el gobierno con el partido islamista de Al-Bashir, pero también acérrimos rivales de Al-Bashir, nos advirtieron en confianza que pensaban que acusar a Al-Bashir era un error. Solo fortalecería su control sobre el poder, uniría a las facciones rivales dentro del Partido del Congreso Nacional (PCN) y haría menos probable que uno de los delegados de Al-Bashir pudiera obligarlo a dejar el cargo. El MLPS prefirió que la amenaza de una acusación hecha por la CPI, en lugar de una verdadera acusación, fuese utilizada para extraer concesiones del PCN y quizás utilizada como forma de asistirle en un cómodo exilio fuera de Sudán.
Una de las primeras cosas que hizo Al-Bashir para mostrarse desafiante ante la acusación fue ir a Darfur y realizar manifestaciones masivas de apoyo en las ciudades de El Fasher y Geneina. Este se llevó al cuerpo diplomático consigo y yo tuve dos pequeños placeres durante ese viaje: salir en medio de un discurso de Al-Bashir en El Fasher luego de este comenzar a denunciar a los Estados Unidos – su trato hacia los indios estadounidenses, Hiroshima, Guantánamo, Abu Ghureib – y al día siguiente, llegando a Geneina cuando la delegación fue recibida por cientos de jinetes alegremente apostados que agitaban sus rifles, espadas y banderas de colores. Estos eran, por supuesto, los milicianos de Janjaweed que sirvieron como una pintoresca cortina de fondo pero muy sombría para el viaje. Esto fue lo que Al-Bashir le dijo al mundo y a la CPI: «Ustedes pueden acusarme, pero aquí estoy yo en Darfur, donde me acusaron de estos crímenes, siendo recibido por decenas de miles de darfurianos, incluyendo, por cierto, los propios instrumentos que me acusan haber utilizado en crímenes de guerra, genocidios y crímenes contra la humanidad».
Omar Al-Bashir ciertamente merece ser interrogado en La Haya. La CPI es muy problemática porque parece ser un lugar para juzgar a africanos más que a nadie. De las 12 investigaciones oficiales de la CPI, 11 se encuentran en África. Consciente de esa incómoda percepción, solo dos de cada 10 investigaciones más recientes en curso se encuentran en África. En los últimos años, cuatro ex-jefes de estado han sido juzgados en tribunales internacionales: Milosevic en Serbia, Charles Taylor en Liberia, Hissene Habre en Chad y Laurent Gbagbo en Costa de Marfil. Pero solo Gbagbo fue juzgado en un tribunal de la CPI. Este fue absuelto en enero, 2019 debido a insuficiencia de pruebas, pero los fiscales están apelando el caso.
Al-Bashir merece ser llevado a La Haya y esta acción, si el ex-presidente realmente llega a Holanda, ciertamente se beneficiará de las conversaciones de paz con los grupos rebeldes. La promesa de Sudán de establecer un tribunal especial en Darfur para tratar con criminales de guerra no acusados por la CPI también es un paso muy positivo.
Sin embargo, a veces, las buenas e incluso justas acciones pueden distraernos del evento principal. El ofrecimiento de extraditar a Al-Bashir es como la reciente reunión entre el jefe del Consejo de Soberanía gobernante de Sudán Teniente General Abdel Fattah Al-Burhan con el Primer Ministro israelí Netanyahu – de positiva, buenos eventos elogiosos en sí mismos. Pero estas también son acciones que pudieran tener un impacto marginal, si no negativo, en el evento principal, siendo este la naturaleza del poder político en Jartum y el desafío de brindarle una vida mejor a la creciente población de 43 millones de habitantes de Sudán (se espera que aumente a 81 millones para el año 2050). Un frágil gobierno civil lucha por contener y gestionar una serie de terribles desafíos internos.
El mismo día en que se conocieron las noticias sobre Al-Bashir y la CPI, la escasez de combustible detuvo a gran parte de la ciudad de Jartum, mientras la población esperaba gasolina en filas masivas que se extendían por millas. La escasez de pan también ha estallado. A finales del año 2018, fue la escasez de alimentos la mecha que encendió las manifestaciones que llevaron a la caída de Al-Bashir y del PCN en abril, 2019.
Sudán necesita justicia y del imperio de la ley. Este sin lugar a dudas se beneficiaría de mejores relaciones con otros países de la región, incluyendo Israel. Pero, de hecho, pidiera ser peligroso si el pueblo sudanés percibe que las demandas aparentemente «extranjeras» tienen prioridad sobre la mejora de la vida cotidiana de los ciudadanos sudaneses. Muchos observadores presumen que las decisiones de la reunión de la CPI y Netanyahu están conectadas a discusiones en curso mucho más amplias que conducirán a resultados tangibles, como eliminar finalmente a Sudán de la lista de estados patrocinadores del terrorismo en los Estados Unidos. Pero si bien este paso diplomático es esencial, no es, en sí mismo, suficiente.
Durante décadas, hemos visto regímenes tiránicos en el mundo árabe distraer a su pueblo de su miseria al insistir en que todos los males es producto de conspiraciones extranjeras, en los supuestos males de Estados Unidos, Israel y Occidente. En Sudán, no será el actual gobierno civil de transición el que presentará tales cargos, sino aquellas fuerzas siniestras en Sudán que anhelan el retorno al poder del Islam político al estilo del PCN, o incluso algo peor. Corresponde a la comunidad internacional no solo alentar a Sudán a hacer lo correcto en términos de relaciones internacionales (y ambos la CPI como Netanyahu pueden ser representados fácilmente en términos terribles por los extremistas). La comunidad internacional debe ayudar al gobierno de transición a que al menos este sea percibido como el muy necesario alivio para su propio pueblo.
*Alberto M. Fernandez es presidente del Middle East Broadcasting Networks (MBN). Las opiniones expresadas en este documento son las del autor y no del MBN o del Gobierno de los Estados Unidos.
