El 1 de abril, 2015 cuatro meses después de su adhesión al Estatuto de Roma, la Autoridad Palestina (AP) se convirtió oficialmente en miembro de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. La consecuencia práctica de esta acción es que la AP puede ahora presentar cargos contra los israelíes por presuntos crímenes de guerra. El jefe negociador de la AP Saeb Erekat dijo que la corte ya ha iniciado una investigación preliminar respecto a los asentamientos y respecto a los crímenes de guerra cometidos durante el conflicto de Gaza 2014. [1]
La OLP llamó la adhesión de la AP a la CPI «histórica» y el canciller de la AP Riyad Al-Maliki dijo que «Palestina busca justicia y no la venganza». [2]
En un artículo publicado en el diario de Londres Al-Sharq Al-Awsat, en noviembre, 2014 antes de que la AP presentara una solicitud formal para unirse a la CPI, el periodista libanés Huda Al-Husseini advirtió sobre las posibles consecuencias de esta medida para los propios palestinos, así como también para Qatar y Turquía, debido a sus vínculos con el movimiento Hamas y su liderazgo. Al-Husseini escribió que la adhesión a la CPI podría dar lugar a una serie de acusaciones contra personalidades palestinas, y también expondría a Qatar y Turquía a graves acusaciones en la financiación del terrorismo e incluso de cometer crímenes de lesa humanidad.
Lo siguiente son extractos de su artículo: [3]
Huda Al-Husseini (imagen: Alarabiya.net)
La adhesión de los palestinos a la CPI podría exponerlos a una serie de crímenes de guerra
«La Autoridad Palestina ha amenazado con que, si el Consejo de Seguridad rechaza su propuesta de resolución al establecimiento de un estado palestino independiente, se unirá a la Corte Penal Internacional. Este lo hizo a sabiendas de que los expertos en derecho internacional cuestionan la eficacia de esta acción… [Cierto], apelar a la Corte Penal Internacional puede ser la última arma que les queda a los palestinos [en su intento] de convertir el conflicto palestino-israelí en una causa global. Sin embargo, es posible que los palestinos no hayan considerado las implicaciones de esta opción. El [propio] canciller de la AP Riyad Al-Maliki dijo en una entrevista en el [canal de televisión] Al-Arabiya Al-Hadath en julio del [2014] que la adhesión a la CPI será un arma de doble filo, ya que pudiera generar investigaciones sobre los crímenes de guerra cometidos por Hamas. El ex fiscal de la CPI Luis Moreno-Ocampo dijo que el 9 de mayo, [2014] que ‘los palestinos entienden que la adhesión a la CPI los expondrán también al enjuiciamiento’. Según expertos en derecho internacional, la medida de la AP, que [pretende] obtener apoyo mundial, podría desencadenar un efecto dominó, es decir, una serie de contra-cargos en la Haya, lo que pudiera reducir drásticamente el alcance de la ayuda que recibe la Autoridad Palestina. La AP y Hamas, que junto al resto de las facciones palestinas, apoyan la [acción] de unirse al Estatuto de Roma, pueden encontrarse frente a cargos en su contra. El círculo de las partes acusadas puede incluso incluir a altos funcionarios de Qatar, Turquía y otros países, que pueden ser acusados de cometer crímenes de lesa humanidad».
Los cargos contra Hamas podrían hacer peligrar a Qatar y Turquía, que participan en la financiación de esta acción
«Recientemente mucha gente ha estado escribiendo acerca del apoyo directo e indirecto de Qatar y Turquía a Hamas. Ambos países están recibiendo a los líderes de Hamas: [El jefe del buró político de Hamas] Khaled Mash’al está en Doha y el [funcionario de Hamas] Saleh Al-‘Arouri está hoy en Ankara. Además, ambos [países] están sin lugar a duda conscientes de la tendencia general en el derecho penal internacional que amplía el alcance de ‘complicidad’ en incluir elementos que participan en las actividades que pueden definirse como criminales.
«Estudios jurídicos indican que los palestinos pueden crearse un problema por los elementos que les ayudan. ¿Cómo? Qatar y Turquía se sabe que están entre las fuentes directas de ayuda financiera de Hamas. Ambos han suministrado en secreto a la organización con decenas de millones de dólares cada año, que sirvieron para diversos fines. El portavoz de Fatah Ahmad ‘Assaf dijo en una entrevista el 16 de septiembre, 2014 en Al-Awda TV que el liderazgo de Hamas en Gaza había recibido cientos de millones de dólares para una campaña de [ayuda] a niños, ancianos y a las [familias] de los mártires. Sin embargo, según ‘Assaf, los fondos nunca llegaron a su destino y se preguntó hacia dónde fueron. Una investigación de la CPI sobre Qatar y Turquía podrán [también] atender a las denuncias respecto a su financiación de las organizaciones mundiales jihadistas que son acusadas de terrorismo, tales como el EIIS y Jabhat Al-Nusra.
«En meses recientes han habido informes de que Hamas traspasó los fondos de Qatar hacia Turquía, y luego trasladó decenas de millones a través de cambistas [turcos]. [En este caso,] el gobierno turco ayudó haciéndose la vista gorda. Esta intensa actividad es propensa a desencadenar una solicitud para que la Corte Penal Internacional investigue las acciones de los palestinos que viven en [Qatar y Turquía], y [debería tenerse en cuenta que] las herramientas jurídicas del Tribunal incluyen la posibilidad de imponer sanciones. Los cargos también podrán ser demandados ante los bancos e instituciones financieras en Qatar y Turquía, donde estas actividades se llevaron a cabo. Todo esto es el resultado de la ampliación del concepto de ‘complicidad’ para incluir apoyo financiero.
La CPI es probable actúe contra los funcionarios de Hamas que viven en Qatar, Turquía o en otro lugar, investiguen sus actividades militares y financieras, y los convoquen a comparecer ante ella. Esta [actividad] puede incluso incluir a Khaled Mash’al, quien estuvo en Qatar durante la reciente guerra de Gaza. Dicha investigación se convertirá en el centro de atención en Qatar, que prefiere estar en el punto de la mira de las inversiones y el éxito financiero. Puede que sea presionado a fin de enjuiciar a Mash’al y a otros, o designarlos fugitivos de la justicia.
«El fiscal general de la CPI no tiene la autoridad para procesar a ciudadanos de países que no son parte del Estatuto de Roma y por lo tanto no son miembros de la CPI. Qatar, Turquía y los otros estados árabes no son miembros de la CPI, pero si la AP se une a esta, el fiscal general será capaz de investigar a los palestinos que viven o actúan en estos países. Esto significa que la CPI abordará [temas] pertenecientes a los países que acogen a palestinos implicados en actividades ‘terroristas’ – y esto puede tener implicaciones políticas, financieras y legales. Si la CPI se ocupa sobre asuntos de terrorismo y su financiamiento, esto estimulará el debate general global en cuanto a la financiación [del terrorismo]. Esto podría conducir a nuevas investigaciones, lo que pudiera dar lugar a más investigaciones, y así sucesivamente. Por otra parte, los estados que son miembros de la CPI y de las [otras] organizaciones internacionales, especialmente las vinculadas a las Naciones Unidas, podrían tener dificultades para mantener relaciones normales con los países anfitriones de los individuos requeridos por la Corte Penal Internacional, en especial cuando existen directrices del Secretario General de la ONU Ban Ki-moon respecto a esta situación…»
[1] Al-Ayyam (PA) 1 de abril, 2015.
[2] Al-Ayyam (PA) 2 de abril, 2015.
[3] Al-Sharq Al-Awsat (Londres), 12 de noviembre, 2015.
